sábado, 11 de octubre de 2008

La Junta presenta su querella contra Suñé y Puig por "ultrajar" al pueblo de Extremadura

 

Puig llamó en su blog "malnacidos" a los políticos extremeños, mientras que Suñé difundió una supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños de Extremadura.

  • EFE

El cartel de la supuesta campaña de apadrinamiento de niños extremeños

ADN.es

La Junta de Extremadura presentó el viernes una querella contra el ex diputado de ERC Joan Puig y contra el concejal de ICV-EUiA en Torredembarra (Tarragona) Lluís Suñé por, según ha dicho hoy la vicepresidenta extremeña, Dolores Pallero, "ultrajar" al pueblo de Extremadura.

En una rueda de prensa en Mérida, Pallero ha explicado que esta querella se ha presentado en una Juzgado emeritense y que espera "que prospere". Esta iniciativa fue anunciada esta semana por el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara.

El pasado verano Puig publicó un artículo en su bitácora en el que tachaba de "malnacidos" a los políticos extremeños, mientras que Suñé difundió en su blog personal una supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños de Extremadura.

La querella se basa en el artículo 543 del Código Penal, que castiga, según dijo recientemente Fernández Vara, "a quien ultraja u ofenda a España o a las comunidades autónomas".

Esta demanda judicial ha sido analizada en un breve Consejo de Gobierno de la Junta, en la que se ha visto que "hay suficientes elementos para hacer viable la presentación de la querella", dijo entonces Fernández Vara.

A su juicio, en un Estado de Derecho determinadas cosas no se pueden declarar y si se dicen "hay que asumir las consecuencias".

Fernández Vara consideró que entre las responsabilidades de los gobernantes está la de proteger a sus ciudadanos cuando, como en este caso, han sido insultados con publicidad.

 

martes, 7 de octubre de 2008

Extremadura se querellará esta semana contra Puig y Sunyé por sus ofensas al pueblo extremeño

El ex diputado de ERC llamó "malnacidos" a los extremeños por no reconocer la solidaridad de Cataluña y el concejal de ICV-EUiA en Torredembarra difundió en su bitácora un cartel de una supuesta campaña de apadrinamiento de niños de la comunidad
 

La Junta de Extremadura presentará esta semana una querella contra el ex diputado de ERC Joan Puig y contra el concejal de ICV-EUiA en Torredembarra (Tarragona) Lluís Sunyé porque sus ofensas al pueblo extremeño "no pueden quedar impunes".

Así lo anunció el presidente del Gobierno regional Guillermo Fernández Vara en una de rueda de prensa previa a la constitución del Consejo de Coordinación Regional del PSOE de Extremadura.

Este verano, Puig publicó un artículo en su bitácora en el que tachaba de "malnacidos" a los extremeños, por no reconocer la generosidad y solidaridad de Cataluña. Esa afirmación la hizo para defender a Sunyé, que días antes difundió en su blog personal una supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños de Extremadura.

Sunyé pidió poco después disculpas y retiró el cartel publicado en su blog con el título "Apadrina a un niño extremeño por 1.000 euros al mes".

La querella se basa en el artículo 543 del Código Penal, que castiga, según Fernández Vara, "a quien ultraje u ofenda a España o a las comunidades autónomas".

Esta demanda judicial fue analizada en un breve Consejo de Gobierno de la Junta el pasado lunes, en la que se vio que "hay suficientes elementos para hacer viable la presentación de la querella", añadió Fernández Vara. A su juicio, en un Estado de Derecho determinadas cosas no se pueden declarar y, si se dicen, "hay que asumir las consecuencias".

Fernández Vara considera que entre las responsabilidades de los gobernantes está la de proteger a sus ciudadanos cuando, como en este caso, han sido insultados con publicidad.

El PP lo apoya

El PP de Extremadura mostró hoy su apoyo al Gobierno de Fernández Vara en su decisión. Así lo aseguró hoy el diputado regional del Grupo Parlamentario Popular, Juan Parejo, en una nota de prensa, en la que recordó que "desde el primer momento en el que se conocieron los ataques verbales de los dos independentistas catalanes, el PP extremeño ha exigido contundencia a Guillermo Fernández Vara en su contestación".

Añadió que "por coherencia" el PP se alegra de la reacción de la Junta de Extremadura ya que "las ofensas a la región, los ataques a los extremeño, hasta el punto, incluso, de llamarnos 'mal nacidos' justifican una querella".

Una querella que "debería poner fin a las alusiones que algunos independentistas están acostumbrados a proferir contra los extremeños", señaló Parejo, quien consideró en cualquier caso que aunque "la administración regional tenía que haber sido más ágil y rápida en la respuesta, el PP apoya a Vara en su decisión"

El diputado popular consideró que la actuación de estos políticos "no reflejan el sentir del pueblo catalán", sino que a su juicio son "un intento de sacar pecho con unos argumentos que caen por su propio peso y con unos insultos que descalifican a quien los dice", señaló.


 

miércoles, 13 de agosto de 2008

Medio Ambiente confirma como opcion el Trasvase Tajo-segura desde Extremadura

Miércoles, 13-08-08
El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que el nuevo trasvase de agua a Levante desde la cuenca del Tajo en Extremadura -de la que ABC informaba el domingo-, es una de las opciones que baraja el Gobierno central para afrontar el déficit hídrico en España. «Es una opción más entre muchas», aseguraron desde este Ministerio. Si bien «aún no existe ninguna propuesta ni decisión al respecto», fuentes del Ministerio señalaron a Servimedia que cualquier trasvase que se ponga en marcha habrá de cumplir tres principios, tal como ha reiterado la ministra Elena Espinosa en diversas ocasiones: que sea «medioambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente aceptable».
El proyecto que estudia el Gobierno y cuyo coste podría rondar los 1.200 millones de euros, es construir un nuevo acueducto entre Extremadura y el Sureste de España. Se trata de una propuesta para derivar entre 500 y 600 hectómetros cúbicos anuales desde el pantano de Valdecañas (Cáceres), alimentado por el Tajo, hasta La Roda (Albacete), donde conectaría con el acueducto Tajo-Segura, que abastece a Murcia, Alicante y Almería. El acueducto de Extremadura a La Roda permitiría conectar cuatro cuencas hidrográficas y seis provincias e inyectar más agua al acueducto Tajo-Segura, que no cumple con los objetivos que se habían marcado, debido a la incapacidad de los pantanos de cabecera (Entrepeñas y Buendía) de generar los excedentes necesarios para derivarlos al Sureste.
Giro en la política del agua
La confirmación realizada ayer por el Ministerio no sólo ha reabierto la guerra del agua, sobre todo entre las cuatro comunidades afectadas -Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Extremadura- sino que supone la reafirmación de un giro por parte del Gobierno a la política del agua que llevó adelante en la pasada legislatura y que estaba centrada principalmente en la construcción de desaladoras. Ya en abril de este año, y ante la dura sequía que azotaba a Cataluña, el Ejecutivo de Zapatero comenzó a introducir giros casi copernicanos en su política hídrica, al aceptar la puesta en marcha de la prolongación hacia Barcelona del trasvase del Ebro, a la que no dudó en llamar «conducción», para no poner en evidencia los escasos resultados de su gestión del agua. Dos meses después, el 6 de junio, las intensas lluvias de la primavera le obligaron a dar marcha atrás y derogar este segundo trasvase del Ebro.
Los enfrentamientos que ha generado entre las cuatro comunidades afectadas la posibilidad de inyectar más agua al acueducto Tajo-Segura desde el pantano de Valdecañas, no ha hecho más que empezar. El vicepresidente primero del Ejecutivo castellano manchego, Fernando Lamata, calificó ayer de «disparate» el proyecto e instó a su homólogo murciano a «cambiar el chip» en materia de agua y comenzar a pensar en alternativas «estables y decididas» al trasvase del Tajo al Segura. como el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) o la desalación. Lamata fue más allá y también recordó al Ejecutivo de Zapatero el compromiso adquirido con su comunidad «de que no habría ninguna decisión de agua en contra de Castilla-La Mancha». Asimismo, insistió en que ya «hay un trasvase que está a punto de caducar, como el del Tajo y no se puede sustituir por otro».
Este extremo es el que más preocupa al Gobierno valenciano. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García, subrayó que la prioridad es que «se garantice el trasvase Tajo-Segura, al contrario de lo que afirma el Estatuto de Castilla-La Mancha», que fija como límite el año 2015. «Una vez que exista esa garantía -aseguró-, no nos parece mal que se complemente con el trasvase del Tajo Medio, pero no nos entretengan con el Tajo Medio, mientras se aprueba un estatuto que cuestiona un trasvase el (Tajo-Segura), fundamental para el abastecimiento de la provincia de Alicante».
Desde Murcia, la senadora del PP, María José Nicolás, lanzó una dura crítica a la gestión del agua del Gobierno central, al asegurar que «ha quedado sobradamente demostrado que la desalación ha sido un rotundo fracaso, a pesar de la defensa que ha hecho el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) que por sumisión a su partido abandonó la defensa de los trasvases cuando la región más les necesitaba». Asimismo, recordó que el gobierno regional «ya venía diciendo que la desalación masiva era perjudicial para la agricultura murciana y sólo podría representar un recurso complementario a los trasvases».
Denuncia del PP
El portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, criticó «la falta de una política hidráulica pensada, sensata y razonable» del Gobierno socialista, que sólo «ha apostado por soluciones coyunturales para salir del paso», después de derogar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional que había aprobado el Gobierno de José María Aznar. «Aquí -señaló- ha habido un trasvase, que ha sido el trasvase de la incompetencia de Cristina Narbona a la incompetencia de Elena Espinosa porque después de cinco años de haber tomado la riendas del Gobierno no han sabido solucionar un problema tan grave como es el del agua».

jueves, 31 de julio de 2008

Extremadura no descarta querellarse contra el edil catalán, pese a sus disculpas


Lluís Sunyé se mofa de esta autonomía con la imagen de la campaña "Apadrina a un niño extremeño por 1.000 euros al mes"


APADRINA UN NIÑO EXTREMEÑO - LO ULTIMO DE CATALUÑA

  • EFE


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La Junta de Extremadura no descarta tomar medidas legales contra el concejal de ICV-EUiA de Torredembarra (Tarragona), Lluís Sunyé, a pesar de sus disculpas públicas, al considerar "grosera y malintencionada" su supuesta campaña de apadrinamiento internacional de niños extremeños.

Así lo ha dicho este jueves el consejero extremeño de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, quien se ha referido al blog de este político catalán en el que se mofa de Extremadura con la imagen de la campaña "Apadrina a un niño extremeño por 1.000 euros al mes".

Franco ha señalado que, aunque Suñé ha pedido disculpas de manera pública y ha preparado un comunicado en el que afirma que sus manifestaciones son "desafortunadas", el Gobierno regional no descarta la posibilidad de presentar un recurso judicial, porque "ya está bien de que no se reconozca la capacidad de trabajo de los extremeños".

Para el consejero, la reacción del concejal catalán es consecuencia de la reciente publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas.

martes, 8 de abril de 2008

Carta Pública a la Señora Consejera de Educación de la Junta de Extremadura

 
Carlos Caldito Aunión. Badajoz 08 abr 2008
 
Señora Consejera

Me dirijo a usted en nombre de la Asociación de Padres y Madres Separados de Extremadura Custodia Compartida ¡Ya! También lo hago como padre "no custodio", "periférico", "visitador" (los hijos de padres separados poseen "regímenes de visitas" como si fueran presidiarios)

Lo hago, nuevamente de forma pública, con publicidad, para que se sepa, porque ya lo he hecho en múltiples ocasiones, siguiendo el procedimiento "legal", mediante instancias varias -que usted no se ha dignado contestar, y por supuesto nadie de la Conserjería que usted dirige- curso tras curso, desde que usted tomó posesión de su cargo público.

Han sido múltiples las ocasiones en que me he dirigido a usted, para solicitarle que haga cumplir la ley. La última ocasión al principio del presente curso escolar. Por cierto, según pude comprobar no causó mucha gracia mi "carta pública", e incluso, según parece, sin proponérmelo incurrí en inoportunidad, dado que días después la consejería que usted dirige lanzó una campaña publicitaria -con enorme despliegue de medios- para convencer a los padres (y madres) de que se deben implicar mucho más en la educación de sus hijos e hijas...

Le he pedido que en los centros públicos de su competencia: enseñanza infantil, primaria y secundaria de Extremadura donde estudian niños y niñas, hijos de padres -y madres- separados no se discrimine a los padres no custodios; y siempre he recibido la callada por respuesta. Me dirijo a usted por enésima vez porque desgraciadamente, en lo que va de curso, y ya estamos en el tercer trimestre, esta asociación ha seguido recibiendo quejas y más quejas por los incumplimientos que tienen lugar en los centros de estudio de su competencia...

En mi carta le señalaba, y se lo vuelvo a reiterar, que son varios miles los padres no custodios que -ilegalmente- no reciben información de ninguna clase sobre sus hijos, sobre sus avances o retrocesos, sobre el proceso de evaluación, boletines de notas,...

Igualmente le indicaba que el partido político al que usted pertenece, sus compañeros -y compañeras- cada vez que abren la boca (y usted misma) no dejan de repetir que "apuestan" por la igualdad, por la "equidad", hablan de "conciliación de vida laboral y familiar", hablan de promover una mayor implicación de los padres -varones- en la educación y la crianza de los hijos, en las tareas domésticas durante la convivencia, cuando las familias aún están intactas. Y que por el contrario, sorprende especialmente la manera como conciben ustedes aquello del "favor filli", de preservar el interés superior del menor, cuando una pareja decide separarse;...

Me he dirigido a usted, insisto, en enésimas ocasiones (también lo hice con el anterior Consejero de Educación) la última septiembre del año pasado, para que haga cumplir la legislación vigente relativa a los derechos de los padres y madres no custodios que reconoce a ambos progenitores tras el divorcio, o la separación judicial, en el ámbito educativo los mismos derechos y obligaciones respecto de los hijos habidos durante la convivencia, exactamente igual que cuando "la familia estaba intacta".

Vuelvo a recordarle que es obligación de los diversos centros (como usted conoce sobradamente) informar a ambos progenitores de cualquier incidencia que se produzca durante el tiempo de permanencia de los menores en los mismos; lo cual implica que los profesores tutores han de convocar al padre y a la madre, pedirles autorización a ambos para cualquier salida del centro durante el horario escolar, han de duplicar los boletines de notas, tener a ambos en cuenta respecto de asuntos como la enseñanza de la religión o la moral, etc. en suma han de mantener la misma "intensidad" de comunicación con ambos padres.

La Asociación de Padres y Madres Separados de Extremadura Custodia Compartida ¡Ya! ha podido comprobar que la mayor parte de los equipos directivos de los centros de estudio de nuestra Comunidad Autónoma, salvo rarísimas y honrosas excepciones, sigue ignorando por completo sus obligaciones en este ámbito; así como los Sres. Inspectores de Educación adscritos a esa Consejería de Educación; motivo por el cual se están conculcando habitualmente los derechos de los padres no custodios.

De nuevo me veo en la necesidad de resaltarle que sigue habiendo profesores, directivos, e inspectores que confunden "guarda y custodia" con "patria potestad" (aunque esto último tampoco es de extrañar, pues le puedo presentar a más de un "fiscal de menores" que tampoco lo tiene demasiado claro...) lo cual les lleva a suponer que sólo deben tener relación con la madre custodia, por entender que el otro progenitor está privado de derecho u obligación de clase alguna, respecto a la toma de decisiones que tengan que ver con la educación y la crianza de los hijos habidos en el matrimonio...

Posiblemente sea necesario recordarle qué se entiende por patria potestad: es el conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres, para el cumplimiento de asistencia, educación y cuidado de los hijos menores.
La patria potestad comprende los siguientes deberes:

• Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
• Representarlos y administrar sus bienes.

Cuando no existe separación entre los padres, la patria potestad y la guarda y custodia suelen confundirse, la guarda y custodia es absorbida por la conjunto de deberes que implica la patria potestad.

Cuando el vínculo matrimonial se rompe y por tanto se escinden ambas figuras, la guarda y custodia suele concedérsele en exclusiva a uno de los progenitores (generalmente, 98%, a las madres) mientras que el otro progenitor solo se le otorga la patria potestad de forma compartida.

Lo cual supone que ambos padres tienen el mismo derecho a estar informados sobre lo concerniente a la estancia de sus hijos en los centros de estudio, pese a que la guardia y custodia se conceda a uno solo.

Lo más acertado sería que la Consejería que usted dirige diera instrucciones (aunque quizá el mejor momento hubiera sido el principio del curso) para que los equipos directivos se pongan en comunicación con los padres de los alumnos dándoles a conocer el procedimiento a seguir, para ejercitar el derecho a la información en el supuesto de separación, divorcio o anulación del vínculo matrimonial, entre otros.

El derecho a la información del progenitor no custodio viene recogido en las Instrucciones de la Alta Inspección de 25 de enero de 1997, además de múltiples normas a las que hacía referencia en mi anterior "carta pública", y que pienso que huelga que le vuelva a nombrar.

Salvo orden judicial en contrario, las instituciones públicas o privadas están obligadas a facilitar doblemente, es decir, tanto al padre como a la madre separados o divorciados que la soliciten, toda la información sanitaria, escolar o de otro tipo relativa a los hijos que normalmente facilitarían unitariamente a los padres o madres casados.

Por todo lo expuesto le solicito (por enésima vez) tenga a bien dar las instrucciones precisas a las Direcciones Provinciales de Educación dependientes de esa Consejería, para que se divulguen y se hagan cumplir las Instrucciones de la Alta Inspección del Ministerio de Educación de 25 de enero de 1997 referidas a los hijos de padres no custodios que cursan estudios en centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma. También le solicito que las haga llegar al Servicio de Inspección, así como a los diversos equipos directivos para que las den a conocer al resto del profesorado.

Vuelvo a reiterarle, como en anteriores ocasiones, que nos ponemos a su entera disposición para que cuando le venga bien nos reciba y tengamos la oportunidad de exponerle los objetivos de la asociación que presido, y cuya prioridad como puede suponer son "los menores".

Atentamente:
 
Carlos Caldito Aunión. Badajoz (Extremadura)